El burkini es lo de menos

El  debate político en las redes sociales la semana pasada estuvo ocupado por la prohibición en Francia del «burkini», un traje de baño femenino holgado y creado en Australia para integrar mujeres musulmanas como socorristas en las playas. Fue un debate vehemente y típico de los actuales tiempos posmodernos en el que el significado de cualquier cosa puede ser bueno o malo o lo contrario si les las das las suficientes vueltas.

Les contaría mi opinión y la argumentaría pero iría en contra de la tesis que quiero defender. El debate sobre el burkini es irrelevante y un síntoma de la debilidad de Europa porque huye de enfrentar los verdaderos problemas que plantean las comunidades musulmanas que no quieren asumir los valores occidentales y además quieren obligar al resto a vivir de acuerdo con los suyos. La renuncia a abordar ese problema y otros tantos por parte de los partidos políticos tradicionales ha dejado el campo abierto en Europa al auge de los partidos xenófobos. Y constituye una bomba de relojería social que podría estallar con consecuencias imprevisibles. Pero de eso hablaré en su momento.

Hoy simplemente quiero ofrecer un adelanto. Llevo desde principios de año recopilando noticias, después del asunto de los abusos sexuales masivos cometidos en las celebraciones de Fin de Año. Y hace poco encontré una noticia que no tuvo mucho eco, más allá de publicaciones islamófobas y xenófobas, pero que en mi cabeza resonaba a algo que ya había visto con anterioridad. Por tercera vez me encontraba una noticia de que en el Reino Unido las autoridades no habían investigado un asunto en el que estaban implicados musulmanes por miedo a ser tildadas de racistas.

Contó Peter Dominiczak el pasado 22 de agosto en el diario The Telegraph que habían florecido focos de radicalización en las cárceles británicas mientras los funcionarios de prisiones evitaban hacer frente al «comportamiento y perspectivas extremistas» de los reclusos para evitar acusaciones de racismo. Por ejemplo, controlar la circulación de literatura radical en las cárceles. Así, los reclusos musulmanes presionan para no ser cacheados con el argumento de que su ropa es un símbolo religioso.

Poco antes había leído otra crónica de Peter Dominiczak con fecha del 12 de agosto, también en el diario The Telegraph, donde contaba cómo un informe del gobierno había detectado fraude electoral en circunscripciones con población musulmana pero que no se había investigado a fondo por la «excesiva sensibilidad sobre etnicidad y religión». El informe apunta a la existencia de fraude electoral en municipios con población pakistaní y bangladeshí. El informe hace propuestas que en España resultan sorprendentes, como que se requiera a partir de ahora un documento para identificarse en el momento de votar o que haya presencia policial en los colegios electorales. Esto último se recomienda ahora en el Reino Unido para evitar intimidaciones. En el artículo se menciona el caso de Lutfur Rahman, antiguo alcalde de Tower Hamlets y desposeído de su cargo tras destaparse que su re-elección en 2014 había estado plagada de irregularidades. Durante años, distintos medios británicos investigaron la corrupción y despilfarro en su ayuntamiento, donde dinero público se destinó a financiar organizaciones islamistas y una televisión local a cambio de apoyo político. Se reprocha ahora a la Policía Metropolitana de Londres que no investigó a fondo.

En ambos casos los titulares hablan de la «corrección política» como el causante de la dejadez e inacción de los políticos británicos. Pero hace tiempo leí algo parecido en un caso que resulta sorprendente que no haya llamado más la atención. 1.400 menores (como mínimo) sufrieron abusos sexuales entre 1997 y 2013 en la ciudad de Rotherham a manos de bandas de hombres de origen pakistaní sin que las autoridades investigaran a fondo para no «fomentar el racismo». La actual primera ministra, Theresa May, culpó en 2014 a la «corrección política institucionalizada». Los menores fueron víctimas de secuestros, violaciones en grupo y tráfico sexual, con casos de violaciones en grupo. Muchas de los que se atrevieron a denunciar no fueron creídas o recibieron la recomendación de que no incluyeran el origen étnico de los perpetradores en su descripción de los hechos. Las víctimas fueron además intimidadas y sus familias acosadas para evitar que testificaran. 300 sospechos habían sido identificados en 2015 y en febrero de 2016 cinco hombres fueron condenados por la «explotación sexual sistemática de 15 niñas».

El caso de Rotherham es el más importante. Pero vía Wikipedia descubro que no es el único. En la ciudad de Rochdale operó entre 2008 y 2010 una banda de ocho pakistaníes y un afgano que abusaron de 47 menores, todas blancas y de origen británico. La policía no investigó por miedo a las acusaciones de racismo ni prestó especial atención al patrón de las víctimas. Los nueve fueron condenados a la cárcel en 2012. Resultaron ser padres de familia y «miembros respetados» en sus comunidades. No fue el único caso en Rochdale, donde actuó otra banda entre 2005 y 2013. Diez hombres fueron condenados este año por violación y abusos de menores a víctimas entre 13 y 23 años. El patrón se repite por todo el país. Grupos de hombres musulmanes, de origen pakistaní fundamentalmente, dedicados a abusar y violar a menores británicas en casos que no fueron investigados a fondo por la policía ante el temor de que se les acusara de racismo. Véase los casos de Bristol, Telford, Oxford, Banbury, Peterborough y Aylesbury.

Creo que queda claro la magnitud del asunto del burkini al lado de todos estos problemas. Y parece, como decía John Oliver, que nuestro mensaje a los yihadistas es «no hay nada que nos podáis hacer, que no estemos ya haciéndolo a nosotros mismos».