La famosa euroorden («Orden europea de detención y entrega» o European Arrest Warrant) contra el ex-presidente Carles Puigdemont convirtió a cada español en experto en derecho por unos días, según se pudo ver en los intensos debates en las redes sociales. El asunto hizo descubrir a más de uno que las órdenes de extradición no se atienden automáticamente, sino que el país receptor las tiene que estudiar. Y si bien estoy seguro más de alguno estará lamentando que la justicia alemana no envió automáticamente al ex-presidente Puigdemont esposado y con un lazo de vuelta a España, si uno mira cómo operan países con sistemas judiciales de dudosa reputación no puede más que agradecer que las órdenes de extradición sean respondidas tras su estudio sosegado.
En España tenemos varios casos notables. Hamza Yalçin y Doğan Akhanlı, ambos intelectuales turcos exiliados desde hace años en Europa, fueron detenidos en España durante el verano de 2017 por ser reclamados desde la Turquía de Erdoğan. Cuando la justicia española revisó los casos se encontró que, por ejemplo, a uno de ellos se le atribuía pertenencia a grupo terrorista por un artículo publicado en una revista. Los delitos de los que se les acusaba se podían resumir en ser intelectuales incómodos para el poder en Turquía, lo que allí se viste de vinculación con grupos terroristas. Finalmente fueron liberados, no sin la controversia de que dos órdenes de búsqueda y captura sustentadas en acusaciones exageradas e incompatibles con el derecho europeo hubieran llegado tan lejos.
Otro caso notable es el del empresario español Pablo Botella Carretero, que era directivo de un banco venezolano allá por 2009 y al que le pilló una de esas campañas gubernamentales de «¡exprópiese!». Así, fueron nacionalizados los bancos Central Banco Universal, Baninvest Banca Inversión, Banco Real, Confederado, Bolívar, ProVivienda y Canarias de Venezuela. El destino de estos bancos al ser nacionalizados fue desaparecer o integrarse en un grupo de banca pública. Y cómo no, la excusa para la nacionalización fue que en todos ellos se dio fraude y la corrupción. El gobierno venezolano lanzó entonces órdenes de captura internacional vía Interpol, las llamadas «notificaciones rojas», para nueve directivos de bancos. Entre ellos estaba Pablo Botella Carretero. Cuando la orden llegó a España y se pidió el expediente del caso para estudiar la posible extradición la causa se desvaneció en el aire. Como dio cuenta el profesor de derecho Douglas McNabb, la «notificación roja» contra Pablo Botella Carretero fue retirada el 23 de junio de 2011.
Así que imaginen que las órdenes de extradición se ejecutaran automáticamente. Carles Puigdemont sí estaría en una cárcel española, pero España habría entregado intelectuales disidentes a la Turquía de Erdoğan y un empresario español estaría en una cárcel venezolana por un caso a todas luces fraudulento. Y, ¿a que no adivinan qué país usa y abusa de las «notificaciones rojas» de Interpol contra personajes molestos? La Rusia de Putin. Todo esto lo conté con detalle en un artículo para Letras Libres titulado «Cómo las dictaduras usan Interpol para perseguir disidentes».
Guerras Posmodernas 
Irán creo que también emite notificaciones rojas con cierto dispendio.
Es que precisamente la Euro orden lo que pretende evitar es precisamente que se trate como una extradición.
Porque son legalmente muy complejas. La idea es en resumen; que como estamos dentro de la UE y para estar dentro de ella ya hay que ser una democracia con todas las garantías. Se emite la orden de detención y el país en el que esté el detenido no realiza un proceso de extradición, sino un procedimiento resumido en el que solo se mira si de lo que se acusa es también delito en su país. Pero nos hemos topado con un tribunal que se ha excedido y se ha metido en el «fondo» del asunto cuando solo tenía que haber mirado la forma, que siendo España un país miembro de la UE, si es inocente ya se le absolverá.
Y no lo dice un cuñado, sino un licenciado en derecho.
Efectivamente, las alertas de Interpol hay que estudiarlas con calma. Pero cuando un país de la UE reclama a un fugado en otro país de la UE, la orden debería ejecutarse automáticamente. Y si el fugado es un preso político tiene al tribunal europeo de DDHH para apelar, además de que el país debería ser sancionado o expulsado de la UE.