El virus populista

Prepárense. En los próximos meses vamos a escuchar mucho en el debate político la expresión “al servicio del Pueblo” acompañada de “lo verdaderamente democrático”. Primero le tocó a los medios de comunicación. Veremos por dónde sigue. Yo reparé en junio en un artículo de Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla titulado “¿Para qué sirve el ejército español?”.

La respuesta es fácil para quien no haya permanecido en suspensión criogénica los últimos 25 años. La primera función de las fuerzas armadas españolas es proporcionar una capacidad disuasiva frente a terceros. Por capacidad disuasiva entendemos que las probabilidades de éxito en un conflicto armado sean tan bajas o la victoria sea tan costosa que el potencial agresor descarte el uso de la fuerza en sus relaciones con España.

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AMX-30 de la compañía legionaria “Bakali” en el Sáhara Occidental

Los documentos oficiales no lo dicen. Pero todos sabemos que el enemigo genérico Tipo B que se define en la OR7-027 introducida en 2007 es Marruecos, país que reclama la soberanía de Ceuta y Melilla. Basta recordar que los tanteos de las fuerzas armadas reales marroquíes en el Sáhara Occidental se saldaron en fracasos como el de Mahbes, lo que llevó a organizar la Marcha Verde. Como ya conté aquí una vez, Marruecos tiene una larga historia de usos de estrategias asimétricas y no convencionales para enfrentarse a España desde su inferioridad militar. Curiosamente, siempre le fue mejor con esas otras estrategias que con el uso de la fuerza, como en Mahbes o en Perejil.

La segunda función de las fuerzas armadas españolas es ser una herramienta de la política exterior del país. Por ejemplo, contribuyendo a la estabilidad de regiones que España considere estratégicas. En el momento actual, la mayoría de las misiones internacionales españoles se desarrollan en África. Como ya apunté en el lejano mes de marzo de 2005, en un mundo globalizado África Occidental es una región cuyos problemas tienen la capacidad de afectar a España. De ahí que las fuerza armadas españolas participe junto con países aliados en la reconstrucción del ejército de Mali y en la preparación de las armadas de la región en misiones de seguridad marítima.

Btz3027CIAAuW1JEl dilema surge porque los medios, capacidades y doctrina para ambos tipos de misiones son diametralmente diferentes. Y en los últimos años, al tratarse de las misiones del día a día y por los enormes recortes presupuestarios, se ha ido dando prioridad a tener unas fuerzas armadas preparadas para misiones de estabilización mientras se descuidaban las capacidades convencionales. Mientras, los dos países del Magreb más cercanos a España vivían su particular carrera armamentística que avanzaba en el cierre de la brecha tecnológica entre España y ellos. Pero eso es un asunto para tratar otro día.

¿Qué nos cuenta Juan Torres López? Nos recuerda la Constitución y su 8.1, que dice eso de que las Fuerzas Armadas “tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. Según él “eso no se cumple” porque “España no es una nación soberana”, debido a que “las decisiones que se toman sobre las vidas y el patrimonio de sus ciudadanos se toman lejos de aquí y los españoles no podemos decidir acerca de lo que creemos que nos conviene o no”. Empezamos bien. Si hablamos de las decisiones que la Unión Europea toma en Bruselas, la canciller Angela Merkel en Berlín o la acción colectiva de millones de agentes en los mercados, no entiendo qué pintan ahí los carros de combate y las fragatas. Bueno, al menos Juan Torres López reconoce que en esos temas, “las Fuerzas Armadas no pueden hacer nada para que no sea así”. Me quedo más tranquilo. Por un momento pensé que iba a recomendar enviar tropas a Bruselas o Wall Street.

Seguimos. España “no tiene autonomía para decidir sobre su futuro y porque los gobiernos elegidos por la voluntad popular están condenados de antemano a seguir los dictados de otras potencias extranjeras o incluso de grupos de presión nacionales que actúan por detrás de las instituciones para salvaguardar sus intereses”. Aquí vuelve a la carga. Sí, tenemos Washington, Berlín y Bruselas dando órdenes al gobierno de España. Pero si de lo que hablamos es de la acción de las fuerzas armadas españolas puedan tener claro que ningún soldado español participará en una guerra por algún país perdido por órdenes de Estados Unidos, la OTAN o la Unión Europea.

A la hora de aportar tropas en misiones internacionales cada país es muy libre de escurrir el bulto. En eso España es campeona olímpica. Ahí está el ejemplo del apoyo político del gobierno de José María Aznar a la invasión estadounidense de Iraq en 2003. Se vio acompañada de la espectacular cifra de CERO tropas aportada por España. Casimiro García Abadillo, el actual director del diario madrileño El Mundo, dijo en 2004 en su libro 11-M La venganza que España que España había perdido entonces los complejos heredados con el desastre de 1898 y que por fin recuperaba su visión imperial del mundo. Resulta que España fue el país de Europa con un mayor rechazo a la invasión de Iraq. Las encuestas reflejaban que la suma del “algo” y “bastante” en contra superaban el 90%. El gobierno español no se atrevió a hacer tangible su apoyo político a la invasión ni siquiera con una aportación militar simbólica, como fue el caso de Polonia y los 80 miembros de la unidad de operaciones especiales “GROM”.

Soldados polacos de la unidad de operaciones especiales "GROM" en el puerto de Um Qasr durante la invasión de Iraq (2003)
Soldados polacos de la unidad de operaciones especiales “GROM” en el puerto de Um Qasr durante la invasión de Iraq (2003)

Tanto en los Balcanes (1996 y 1999) como en Libia (2011), España mandó un puñado de F-18, mientras otros países más pequeños aportaron militarmente mucho más. En Afganistán, España se encargó de una provincia relativamente tranquila y se tomó la decisión política de no enfrentarse a los talibán, al contrario de países como Australia o Canadá. Recuerden a aquel militar español diciendo en televisión que los talibán no eran el enemigo. En definitiva. España ha sufrido y sufrirá imposiciones externas, como la ley Sinde-Biden o la reforma exprés de la Constitución. Pero en materia de defensa, las fuerzas armadas han hecho siempre lo que el gobierno de turno ha querido con el oído atento a la opinión pública. Así se explica que se enviara a la Armada a Indonesia tras el tsunami de 2004.

Entonces nos vamos llegando al meollo del asunto. Dice el profesor Torres López que la integridad territorial de España está en peligro por “las reclamaciones independentistas, […], las desigualdades, por la desindustrialización, por la desertización de nuestra agricultura y por la destrucción del medio ambiente”. Y no sólo eso, el ordenamiento constitucional “ha sido pisoteado […] impidiendo que los españoles disfruten los derechos allí establecidos o sometiendo su desarrollo o salvaguarda a los dictados de uno u otro partido político”. En el primer caso se trata de usar el concepto “integridad territorial” en un sentido muy amplio que incluye fenómenos naturales. En el segundo caso hablamos ya de cuestiones políticas y sociales. ¿Cumple alguna función en todo ello las fuerzas armadas? Trabajo, educación, sanidad, vivienda, reforestación, contaminación, etc. ¿Son asuntos en los que tendrían que intervenir las fuerzas armadas? Si se piensa así, vamos hacia un modelo en el que las fuerzas armadas se emplean como mano de obra barata para construir viviendas, trazar carreteras, recoger basura y reforestar los montes. Algo que pudiera tener sentido en países en desarrollo y con ejércitos de leva. Pero poner a un militar, en el que el Estado se ha gastado dinero en formar como paracaidista u operador de un sistema de misil es un desperdicio.

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencia apagando un incendio en Zuera Foto: mde.es
Efectivos de la Unidad Militar de Emergencia apagando un incendio en Zuera Foto: mde.es

El profesor Torres López termina esta parte de su exposición con que el país sufre agresiones “económicas y financieras ante las que poco o nada pueden hacer los ejércitos convencionales”. Es decir, vuelve a presentar toda una serie de enunciados sobre cómo se vulnera la soberanía esañola para concluir con que las fuerzas armadas no tienen nada que ver con el asunto del que habla.

Cuando por fin entra en materia dice que las fuerzas armadas españolas se han convertido en “una pieza más del entramado militar en el que se basa el poder imperial de Estados Unidos, es decir, en siervas de una potencia extranjera”. Aquí patina bastante. Porque en 2014 España tiene sus fuerzas desplegadas por África y el Gran Oriente Medio bajo bandera de la ONU y la Unión Europea en lugares como Mali, República Centroafricana, Líbano y las costas de Somalia. Afganistán e Iraq son dos lugares donde España desplegó fuerzas tras la invasión estadounidense. Son precisamente sitios donde España se comprometió poco y donde se marchó o está en trámite de hacerlo. Hablar de España como sierva del “imperialismo yanki” en asuntos militares en 2014 es hablar de oídas y con diez años de retraso. Es más, como ya comenté, en el momento en que España pudo hacer una contribución significativa no lo hizo por la presión de la opinión pública.

Torres López se refiere a las fuerzas armadas como “un simple negocio más del que se benefician precisamente las grandes empresas y los bancos que han acabado con la soberanía nacional y con nuestra independencia”.  El lío aumenta a cada párrafo. Se refiere a que las fuerzas armadas realizan grandes compras de armamento. Es cierto. Los carros de combate, aviones, misiles y radares se compran a grandes empresas. Es lógico porque no son productos que comercialicen PYMES. Pero es es igual que culpar al Ministerio de Fomento de sólo dar negocio con sus contratos públicos de autopistas, puertos y aeropuertos a grandes empresas. El problema tanto en Defensa como en Fomento no es que se hagan grandes contratos. El problema es qué se compra y a quién con qué criterio. Pero eso es entrar en asunto técnicos que Torres López desconoce por completo.

Y sigue. Dice que las fuerzas armadas españolas no sólo convierten a España en vasalla de Estados Unidos, sino que “han pasado a ser un apéndice de la gran industria militar mundial”.  De nuevo, habla de oídas. El verdadero problema de España es que quiso contribuir a la creación de una gran industria militar europea, autónoma de Estados Unidos, convirtiéndose en cliente de productos que han terminado por ser mucho más caros y con menos prestaciones que el papel. Hablamos del cazabombardero Eurofighter, del avión de transporte estratégico A-400M, del helicóptero de ataque Tigre y del helicóptero de transporte NH90.

El asunto tiene ramificaciones como la creación de una factoría de Eurocopter en Albacete, cuna del ministro José Bono, por la que España paga un sobreprecio en los helicópteros que compra. Paradójicamente la alternativa menos onerosa para los contribuyentes españoles hubiera sido acudir a la industria de defensa estadounidense. Si España hubiera comprado helicópteros AH-64 Apache, tal como pidieron los militares en su evaluación técnica, se habrían tenido en servicio mucho antes y con plenas capacidades. Habrían estado listos para intervenir en Afganistán y realizar misiones de apoyo a las tropas allí desplegadas.

Es más, la idea de que las fuerzas armadas españolas “han pasado a ser un apéndice de la gran industria militar mundial” da a entender que el Ministerio de Defensa se comporta como un niño rico que compra de todo por capricho. Cuando la cruda realidad es que desde el fin de la Guerra Fría primero y luego tras el fin del Servicio Militar Obligatorio se han hecho sucesivos planes de recorte donde a los militares se les prometió unas fuerzas armadas “más pequeñas pero más capaces”. Los recortes han afectado a tierra, mar y aire. Han sido especialmente duros tras el comienzo de la crisis. Y eso ha llevado a los sucesivos gobiernos a usar triquiñuelas como el financiar programas militares con créditos del Ministerio de Industria. Ese ese el origen de la dichosa deuda. España es el tercer país que menos gasta en defensa en relación a su PIB dentro de la OTAN, sólo superada por Luxemburgo y Lituania. Pero tras los sucesos de Ucrania, Lituania ha decidido gastar más.

Seguimos con la industria de defensa, que según el profesor Torres López se dedica a “a desarrollar o producir tecnologías para guerras que los propios industriales van promoviendo con el único fin de justificar y rentabilizar sus inversiones, o fabricando armas para vender al mejor postor, aunque eso se haga a dictaduras que aniquilan los derechos humanos de la manera más vergonzosa e inhumana”. Merece la pena detenerse en esto, aunque no trate de España. Es muy socorrido hablar de que la industria de defensa se beneficia de las muchas guerras que hay en el mundo. Pero si uno repasa cifras de negocio y destino de los contratos, encontrará que los contratos más jugosos los firman países como Australia, India, Singapur, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, etc. Se trata de la venta de aviones de combate, sistemas de radar, fragatas, etc. en contratos multimillonarios y que probablemente nunca se lleguen a usar. Mientras tanto, la gente mata y muere en conflictos olvidados en lugares como Sudán del Sur o República Democrática del Congo con balas fabricadas en China, Bielorrusia, Corea del Norte e Irán. Pero de ese tráfico de armas, nadie habla. (Véase este informe sobre las balas iraníes que han aparecido en África).

Regresamos al hilo principal del artículo, donde tras hacer este diagnóstico de que las fuerzas armadas españoles sirven al Imperio yanki y a la gran industria de defensa mundial, Torres López pide que ejerzan “una función positiva en defensa de las personas, de la democracia y de la paz”  y “la función que la mayoría de los españoles deseen y no la que le impongan los poderes económicos y financieros o cualquier potencia extranjera”. Sería muy interesante hacer una encuestra entre los militares españoles sobre la naturaleza de las misiones que están desempeñando. También sería interesante hacerlo entre la población no militar. Porque me parece que el profesor Torres López está pidiendo una solución a un problema que nadie ha visto.Y sobre todo lanza la piedra y esconde la mano sin entrar en detalles sobre qué cambios propone para las fuerzas armadas.

Los planes de adquisición del Ministerio de Defensa están plagados de problemas, entre ellos sobrecostes y criterios discutibles. Falta debate público sobre las fuerzas armadas en España, de la misma manera que se debate sobre sanidad y educación. Pero no tiene nada ello que ver con unas fuerzas armadas que no están al servicio de la Constitución y del pueblo español.

Lo que me llama la atención es el uso de la idea de que esto o lo otro tiene que estar “al servicio del pueblo”.  Es un cantinela que ya he escuchado antes. Como argumento es impecable. ¿Quién no quiere que las fuerzas armadas estén al servicio de todos los españoles? ¿Quién no quiere que las fuerzas armas estén al servicio de la Constitución? Pero quienes emplean estos argumentos siempre aspiran a algún tipo de injerencia en terrenos muy delicados para la democracia, como la justicia, los medios de comunicación y ahora las fuerzas armadas. Y ya sabemos dónde terminan.

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