El pasado día 22 de febrero de 2026 las fuerzas armadas y la Guardia Nacional de México lanzaron una operación en un complejo residencial en Tapalpa, estado de Jalisco. Allí capturaron a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», que resultó malherido y falleció mientras era trasladado. El «Mencho» era nada menos que el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado el cartel de la droga más poderoso de México.
Según la agencia Reuters, en la captura de «El Mencho» contribuyó una fuerza de tarea estadounidense dedicada a elaborar inteligencia sobre cárteles de la droga. Semanas antes de la operación, había tenido lugar en Estados Unidos la ceremonia de presentación de la nueva Joint Interagency Task Force-Counter Cartel (JIATF-CC), dependiente del mando regional Northern Command. El medio francés Intelligence Online informó además de la participación sobre el terreno del Special Activities Center de la CIA y del empleo de software de la empresa Palantir, famosa por sus herramientas de fusión de datos y elaboración de inteligencia.
La muerte del líder del CJNG es uno de los resultados más destacados de la nueva etapa abierta de la guerra contra las drogas por el presidente Donald Trump nada más llegar a la Casa Blanca. Esta etapa se caracteriza porque diversos grupos de crimen organizado han sido caracterizados como grupos terroristas por el gobierno de Estados Unidos y ha lanzado contra ellos las mismas herramientas empleadas en la Guerra Global contra el Terrorismo (GWOT): las fuerzas de operaciones especiales, drones y contratistas privados. Lo conté en un artículo que publicó el medio español El Confidencial el 21 de julio de 2025. El texto original era más extenso que la versión publicada y dada su relevancia tras los acontecimientos recientes en México lo reproduzco a continuación.
Las armas contra el terrorismo global usadas ahora cerca de casa.
El 20 de enero de 2025, el mismo de su juramento como nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que categorizaba a los cárteles de la droga y otras organizaciones criminales, como “organizaciones terroristas extranjeras”. El documento ordenaba al Departamento de Estado dentro de un plazo de semanas elaborar una lista con las organizaciones afectadas.
Según la Casa Blanca, los cárteles de la droga no sólo desestabilizaban a los países amigos con “violencia y terror”, sino que habían inundado Estados Unidos de “droga mortales, criminales violentos y bandas criminales crueles”. Se trataba de un nuevo tipo de amenaza que iba más allá del crimen organizado tradicional porque compartían características con organizaciones que llevaban a cabo “campañas de insurgencia y guerra asimétrica”, funcionando en lugares de México como “entidades cuasi gubernamentales”. Considerar a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas abría la puerta a lanzar toda la maquinaria bélica estadounidense contra ellas. Elon Musk resumió la situación en la red social X señalando que eso hacía factible ataques con drones.
Un mes más tarde, el 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado publicaba el documento con las organizaciones criminales afectadas por la declaración como “organización terrorista extranjera”. Se trataba del Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noroeste, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y los Cárteles Unidos. Las seis entidades cárteles son organizaciones criminales mexicanas. Los cinco primero nacieron como organizaciones con implantación regional, mientras que Cárteles Unidos es una alianza en el que participan algunos de los anteriores contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Precisamente la disputa por territorios más allá de las áreas de influencia original es la causa de los actuales niveles de violencia en el país. Además, la declaración del Departamento de Estado incluyó a la Mara Salvatrucha MS-13, organización creada por emigrantes salvadoreños en California pero actualmente implantada en América Central. Y también el Tren de Aragua, organización venezolana con presencia en los países andinos.
Donald Trump llegó a la Casa Blanca como un presidente con una agenda aislacionista que suponía una ruptura tanto del “humanitarismo armado” de los presidentes Bill Clinton y Barack Obama, como del intervencionismo sin complejos de los neo conservadores que rodearon al presidente George W. Bush durante los años de la Guerra Global Contra el Terror. Aquella campaña militar contra fuerzas insurgentes de carácter salafista-yihadista, más allá de las invasiones de Afganistán e Iraq, se desarrolló discretamente desde el Sahel al sur de Filipinas. El gobierno de los Estados Unidos desplegó fuerzas de operaciones especiales, drones y contratistas privados para apoyar a las fuerzas locales y ocasionalmente lanzar ataques puntuales para rescatar rehenes o eliminar líderes terroristas. Ahora, esa misma maquinaria de guerra apunta al narcotráfico.
Una nueva guerra en las sombras.
El primer paso en la nueva guerra contra las drogas fue reorganizar las responsabilidades militares. Hasta aquel momento todas las fuerzas militares destinadas a la protección de la frontera con México y la lucha contra el narcotráfico eran responsabilidad de un cuartel general llamado Fuerza de Tarea Conjunta – Norte (JTF-N por sus siglas en inglés), con responsabilidad sobre fuerzas de tierra, mar y aire desde comienzos de los años 90. Este cuartel general, con sede en Fort Bliss (Texas), concentrará ahora los esfuerzos en “interrumpir y degradar las actividades y redes de las organizaciones criminales transnacionales”. El anuncio de las nuevas responsabilidades no fue acompañado con noticias de nuevas unidades o medios a su disposición. Pero sus actividades han sido constatadas de forma indirecta, como el vuelo de aviones de patrulla marítima P-8 Poseidón en misiones de obtención de información en la frontera de México y frente a la costa de Baja California.
Mientras tanto, el 14 de marzo de 2025 las fuerzas armadas de los los Estados Unidos activaron la nueva Fuerza de Tarea Conjunta – Frontera Sur (JTF-SB por sus siglas en inglés) en Fort Huachuca, una localidad fronteriza con México en el Estado de Arizona. Se trata de una base militar que nació como un campamento en la última campaña del ejército de los Estados Unidos contra el líder apache Gerónimo y que hoy alberga a varias unidades militares dedicadas a la inteligencia, la guerra electrónica y las telecomunicaciones. Al frente de la nueva fuerza de tarea se colocó al general de división Scott Naumann, que tendrá como adjunto a un civil de la agencia de protección de fronteras y aduanas (CPB por sus siglas en inglés).
La creación de la nueva fuerza de tarea fue acompañado del anuncio de la movilización de tropas adicionales para la protección de la frontera, incluyendo 40 analistas de inteligencia y zapadores de diversas unidades que presumiblemente llevarán a cabo trabajos en las vallas fronterizas. El número previsto de fuerzas bajo mando de la JTF-SB era 9.600 efectivos militares.
Esta nueva fuerza destinada a proteger la frontera no es la única albergada en Fort Huachuca. Allí tendría su base el centro de fusión de inteligencia que recoge y procesa toda la información recogida por diversas fuentes, incluidos los drones MQ-9 Predator B de la agencia de protección de fronteras y aduanas.
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó durante una conferencia sobre fuerzas de operaciones especiales celebrada en Tampa (Florida) el 6 de mayo que ese tipo de unidad estaban aportando una “contribución única” en las operaciones de seguridad en la frontera sur del país, sin concretar las tareas o su contribución a la lucha contra el narcotráfico. La falta de noticias oficiales indicaría que estas tienes carácter secreto. Según el portal francés Intelligence Online, tres unidades del Mando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC por sus siglas en inglés) estarían operando ya en suelo mexicano. La Fuerza Delta, la unidad de élite del ejército de Estados Unidos, estaría realizando misiones en la península de Baja California. Mientras que el Equipo SEAL 6 de la armada estaría desarrollando misiones de interdicción marítima en aguas del Golfo de California, que baña las costas de los estados mexicanos de Sonora y Sinaloa, puntos de embarque para la droga que viaja a Estados Unidos por vía marítima.
Tanto la Fuerza Delta como el Equipo SEAL 6, aunque están encuadradas sobre el papel en ramas diferentes de las fuerzas armadas estadounidenses, operan en el día a día bajo mando del JSOC, el cuartel general que llevó la campaña contra Al Qaeda en Iraq y la operación para eliminar a Osama Bin Laden. El JSOC cuenta además con sus propias unidades especializadas. Una de ellas, conocida como la Actividad de Apoyo a la Inteligencia (ISA por sus siglas en inglés), habría desplegado agentes de inteligencia sobre el terreno dentro de México. La ISA ha camuflado durante décadas su existencia dándole diferentes nombres aunque se sabe que tuvo un papel destacado en la caza de Pablo Escobar.
El «no pero sí» de México.
La supuesta presencia de fuerzas estadounidenses de élite operando dentro de territorio mexicano requeriría la aprobación del gobierno de Claudia Sheinbaum, que el 3 de mayo de 2025 afirmó haber recibido la propuesta de Donald Trump para desplegar tropas dentro de México y combatir al narcotráfico. Una propuesta que habría rechazado porque la “soberanía no está a la venta” y “se defiende”. Sin embargo, México sí ha aceptado la colaboración estadounidense en la lucha contra las organizaciones narcotraficantes de formas más discretas.
El 10 de febrero de 2025 el Senado de México autorizó la entrada en el país de diez instructores del 7º Grupo de Fuerzas Especiales estadounidenses para formar a fuerzas de la infantería de marina mexicana. La infantería de marina mexicana se convirtió en la punta de lanza en la lucha contra el narcotráfico, tras la pérdida de confianza en la policía. Fueron miembros de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Infantería de Marina de México los que capturaron en 2016 a Joaquín “el Chapo” Guzmán tras su huida de una cárcel de máxima seguridad.
Foto: AP / Rebecca Blackwell.
Otra prueba de la colaboración mexicana en la lucha contra el narcotráfico es la repetida entrada de aeronaves no tripuladas estadounidenses en territorio soberano de México. El 18 de febrero de 2025 el periódico New York Times desveló el incremento de los vuelos de aeronaves no tripuladas manejadas por la CIA dentro de México. Se trataría de un programa iniciado bajo el gobierno del presidente Joe Biden pero que se expandió con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Se trataría de aparatos MQ-9 Reaper dotados de sensores multiespectrales capaces de detectar las trazas de productos químicos flotando en el ambiente e invisibles al ojo humano. Esto serviría para vigilar el tráfico de precursores químicos de drogas como el fentanilo, una de las grandes preocupaciones de la Casa Blanca.
La maquinaria de vigilancia perfecta.
La duda de los expertos, como expresaba Brandon Schingh en la publicación especializada en guerra irregular Small Wars Journal, es la capacidad de respuesta de los cárteles mexicanos si ven sus negocios afectados por la nueva guerra contra la droga, considerando que tienen presencia en territorio estadounidense. La violencia que ya ejercen en forma de asesinatos mediante sicarios y atentados terroristas en suelo mexicano podría atravesar la frontera. Pero sobre todo queda la duda de si la voluntad expresada por algunos en la Casa Blanca de realizar una campaña militar en México se hace siendo consciente del precedente histórico de las guerras de Afganistán e Iraq, largas campañas de contrainsurgencia contra un enemigo difuso y mezclado con una población hostil hacia las fuerzas extranjeras. La diferencia entre aquellas y esta guerra sería el as tecnológico que se guarda la Casa Blanca en la manga.
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha supuesto el desembarco en su administración de una nueva ola de gurús tecnológicos profundamente críticos con el viejo complejo militar-industrial y con lazos personales que remiten a su paso por la fase inicial de la empresa Paypal. El más conocido de ellos entre el público general es Elon Musk, que encaminó sus pasos hacia la industria del automóvil y la carrera espacial. Otro miembro de aquella generación de emprendedores conocida como la “PayPal Mafia” es Peter Thiel, inversor inicial de empresas como Facebook y Palantir. Esta última nació para revolucionar el mercado de las herramientas de análisis de inteligencia.
Las herramientas de Palantir se hicieron famosas por su papel en la localización de Osama Bin Laden. Unos años en los que el término de moda en ese campo era Big Data. Desde aquel entonces, Palantir, dirigida por Alex Karp, ha sido considerada un referente en el campo del procesamiento de datos y análisis de información para la elaboración de inteligencia. Actualmente tiene entre sus clientes al Ministerio de Defensa español.
La obtención de información vía satélites de observación, vuelos de aeronaves tripuladas o no con toda clase sensores, las interceptaciones de comunicaciones y hasta las escuchas de hidrófonos instalados en el fondo del océano para capturar el paso de narcosubmarinos genera una montaña descomunal de datos cuyo procesamiento habría sido automatizado mediante la herramienta Gotham de Palantir. Según anuncia su creador en la página web del producto, Gotham permite darle tareas a sensores “desde drones a satélites” basadas en reglas establecidas por una Inteligencia Artificial o manualmente. Los materiales promocionales muestran el empleo de gafas de realidad virtual y diferentes interfaces con sistemas de información geográfica.
Las herramientas de Inteligencia Artificial de Palantir estaría siendo usadas también para procesar información sobre pagos bancarios y movimientos de personas de las redes de narcotráfico que transportan droga de México a Estados Unidos. Unas rutas y redes que no se diferencian mucho de las redes de tráfico de personas. Para el gobierno Trump hay una barrera difusa entre ambos fenómenos. Mientras tanto, según informaba la revista Wired, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) habría recibido acceso a los registros sanitarios de 40 millones de personas en Estados Unidos para perseguir la inmigración irregular. Una noticia que coincide con la expansión de su presupuesto, camuflado en el “Gran y Hermoso Proyecto de Ley” firmado por el presidente Trump el día 3 de junio. La agencia contaría ahora con un presupuesto superior al de muchos ejércitos de países desarrollados.
La agencia ICE se ha hecho célebre por las detenciones aleatorias en parques o centros de trabajo que han terminado con ciudadanos estadounidenses en el calabozo. El director de la agencia Todd Lyons expresaba el pasado 8 de abril en un evento sobre seguridad en la frontera, celebrado en Phoenix (Arizona), que “tenemos que mejorar en tratar esto como un negocio”. Su referente era la empresa Amazon, cuyo servicio Prime entrega paquetes de compras realizadas en el mismo día. Según Lyons la maquinaria de deportación de inmigrantes debería funcionar “como Prime pero con seres humanos”. Su deseo requerirá un enorme aparato de vigilancia interna con consecuencias todavía inimaginables.
Guerras Posmodernas 
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