La lógica de la privatización militar

Hace años saltó la noticia de que se estaba estudiando la posibilidad de que la seguridad exterior de la Academia General Militar en Zaragoza fuera cometido de una empresa de seguridad privada. La noticia resultó chocante a muchos porque les costaba imaginar un cuartel lleno supuestamente de aguerridos soldados armados hasta los dientes custodiado por guardias jurados. La realidad es que la academia de Zaragoza se trata de un centro de educación superior, e imagino que en la mente de quien planteó tal posibilidad estaba la idea de que poco aprovechamiento podrían obtener los estudiantes de una academia que tuvieran además que hacer guardias nocturnas.

En reacciones a noticias como aquellas se reflejaba la imagen de unas fuerzas armadas provistas de abundante mano de obra barata que muchos se llevaron a su paso por la “mili” hace muchos años. La realidad actual es que tras el fin de la Guerra Fría a las fuerzas armadas de Occidente se aplicó lo que se llamaron los “dividendos de la paz”. En el U.S. Army de dieciséis divisiones de primera línea se disolvieron seis. En España se aplicó el llamado Plan NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra). Entre los militares circuló la broma que tras su aplicación sólo restaba la ejecución del Plan SUR (Supresión de las Unidades Restantes). En el caso de España hubo además que tener en cuenta el proceso de profesionalización de las fuerzas armadas que se realizó sin el debido debate público.

Con un contingente humano en retroceso y más tarde profesional labores que para los quintos españoles fueron cotidianas durante la “mili” pasaron a ser externalizadas y desempeñadas por personal civil externo: Cocina, lavandería, limpieza, etc. La lógica de la privatización militar que cuando se habla de Empresas Militares Privadas causa tanto escándalo empezó a aplicarse en España hace años.

Quienes conozcan el mundo militar y el de la empresa privada sabrán que funcionan a ritmos complemente diferentes que en el caso del ámbito militar tienen que ver con el funcionamiento de la administración pública. Es lógico que la gestión de unos presupuestos públicos se hagan bajo los principios de la transparencia y la posibilidad de rendir cuentas. Tienen sentido cuando se aplican a programas complejos y multimillonarios. Pero la secuencia de convocatoria de concurso públicos, adjudicación y ejecución de unos presupuestos resulta inapropiado para situaciones donde se requiere actuar con rapidez.

El fenómeno ha tenido su auge con las misiones prolongadas en el exterior. ¿Tendría sentido que las fuerzas armadas se dotaran por ejemplo de enormes capacidades de proveer comidas a soldados en instalaciones semipermanentes? En un mundo donde surgen emergencias complejas hoy en ayer en el Congo y mañana en el Asia Central hay ciertas capacidades características de la misión y el entorno que las fuerzas armadas no pueden adquirir con inmediatez. Así España alquiló aviones de transporte ucraniano An-124 para llevar hasta Mozambique helicópteros que rescataron a las víctimas de unas colosales inundaciones. Fue un servicio necesario y puntual que no se habría haber llevado a cabo si la única opción era hacerlo con aviones en propiedad.

Pero el fenómeno de la privatización tiene otra vertiente aparte de las empresas que prestan servicios a las fuerza armadas y es el de empresas que prestan servicios de seguridad como es el caso de Blackwater en Iraq. Por mucho que la prensa tratara de presentar a los empleados de la empresa como “mercenarios” en realidad están en Iraq bajo contrato del Departamento de Estado realizando misiones de escolta VIP. Eso sí, bajo las peculiares condiciones de Iraq. Lo que no deja de ser, en otro grado de magnitud, una constante del mundo de la Posguerra Fría. Diplomáticos, empresarios, periodistas, ONG y demás actores internacionales operan en multitud de países donde la capacidad del estado para proveer seguridad está seriamente limitada. No se trata únicamente de países en guerra o estados colapsados. Conviven en muchos casos una economía conectada a los mercados globales y zonas sin ley. Intervienen entonces compañías privadas que proporcionan seguridad a personas o instalaciones.

Hay todo un debate a las lagunas legales en las que las Empresas Militares Privadas se mueven. Pero habiendo estudiado el caso de Sierra Leona lanzo una pregunta. ¿Qué es preferible? ¿Que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidos apruebe una intervención militar en un país para parar un genocidio que tarda meses en concretarse y que resulte eficaz sólo a medias por la ineptitud de los cascos azules envueltos? ¿O que una vez aprobada la resolución con el mismo dinero se saque a concurso una intervención a realizar por empresas militares privadas que tarde semanas? Ejemplos de lo primero hay a patadas. Está por ver quién se atreve a probar con lo segundo.