El 24 de junio de 2024 abrí un hilo en X (anteriormente Twitter) para recopilar noticias, artículos e información sobre el narcotráfico y el yihadismo en España. Lo hice para separar todo lo relativo a amenazas subestatales y trasnacionales de otros asuntos relativos a la defensa nacional de España. Pero también por la sensación de que ambos fenómenos requerían mayor atención.
España es un país de entrada de la droga en Europa por la existencia de puertos con mucho tráfico de mercancías, la cercanía geográfica a África y las conexiones del crimen organizado español con el mexicano o colombiano. Pero el fenómeno está yendo a más.
«El sur de España vive una ola de narcotráfico» podíamos leer en Insight Crime en mayo de 2024, año en que se batió el récord de incautaciones en España (123 toneladas de cocaína). Que en España estaba entrando más droga se reflejaba en el precio de la cocaína. Según contaba en junio de este año La Voz de Galicia el kilo de cocaína había bajado en las Rías Bajas gallega de 29.000 a 14.500 euros en diez años porque entraba más droga que nunca. Por su parte, la policía pedía un «refuerzo sin precedente» para luchar contra el crimen organizado en la Costa del Sol a principios de 2025, mientras que el sindicato JUCIL pedía que los guardia civiles pudieran usar armas largas en operaciones contra el narcotráfico por aquellas mismas fechas.
Mientras tanto, veíamos en Andalucía que los narcotraficantes actúan con más descaro, moviéndose las «gomas» por el río Guadalquivir hasta Sevilla a plena luz del día y resguardándose grupos de ellas en calas de Almería como vemos en los siguientes tuits de Niporwifi, una cuenta de referencia sobre crimen organizado.
La sensación de que los narcotraficantes operan con total impunidad transmite dejadez e impotencia por parte del Estado. Y surge inevitablemente la duda por el grado de penetración del Narco en la administración pública. Sólo este verano hemos visto la detención del exjefe del Grupo II de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía en Mallorca por colaborar con el narcotráfico y del número 2 de Aduanas en Barcelona por contrabando de tabaco. Mientras que jueces y guarda civiles de Barbate sufren el acoso de los narcotraficantes, entendemos que por hacer su trabajo. Podemos imaginar que el policía, el guardia civil y el funcionario de a pie mirarán para otro lado no por corrupción, sino por resignación. ¿Quién querrá arriesgar la vida en una persecución en coche patrulla o embarcación interceptadora si siente que su esfuerzo es inútil?
La sensación de dejadez por parte de las autoridades no sólo significa que vemos «gomas» navegando por el Guadalquivir hasta Sevilla o agrupadas en calas de Almería con descaro a la luz del día, sino va acompañada de actuaciones cada vez más agresivas, empleando armamento más contundente no sólo contra los funcionarios sino contra otros narcotraficantes en ajustes de cuentas y «vuelcos». Sin olvidar el empleo de medios tecnológicos más sofisticados e infraestructuras complejas como el túnel por debajo de la frontera entre Ceuta y Marruecos.
El resultado final de que el Narco vaya penetrando tan profundamente en las fuerzas de seguridad, la judicatura, la política y la administración mientras los funcionarios honrados vayan bajando los brazos es que lleguemos a un punto de no retorno en que el Estado quede vaciado. De ahí que hablemos de insurgencia criminal, no porque el propósito de las organizaciones criminales sean conquistar un territorio colocando su bandera en el edificio del ayuntamiento, sino convivir con un Estado inoperante. Veremos entonces la pérdida del monopolio de la violencia legítima ante estructuras paralelas que sean consideradas garante de cierta justicia y servicios sociales. Me refiero a que veamos a narcotraficantes castigando a pequeños delincuentes que hayan molestado a un vecino o repartiendo ayuda a familias necesitadas con el aplauso de las masas. Y por supuesto que sean percibidos como benefactores y modelos a seguir en entornos de mucho desempleo juvenil en contraste a las lejanas autoridades regionales y nacionales que sólo tienen que ofrecer «mano dura».
El siguiente paso en ese proceso de degeneración será la aparición del fenómeno de la narcopolítica, con líderes populistas alineados o apoyados por los narcotraficantes enfrentados a la autoridades regionales y nacionales, pidiendo que se aminore la represión contra la delincuencia mientras reclaman sean atendidas las necesidades materiales. De momento, tenemos autoridades municipales mirando para otro lado ante la construcción de mansiones ilegales.
En abril de este año el diario El Español publicaba que había militares pidiendo que la Armada se implicara en la lucha contra el narcotráfico. Harán falta más medidas que atajen asuntos como que en España se consume mucha cocaína.
Guerras Posmodernas 
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